El
gobierno Santos siempre tuvo como política
la reparación en materia administrativa a todas aquellas víctimas del
conflicto armado que ha azotado al país desde varias generaciones. Es así como
la Ley 1448 de 2011 se convierte en la respuesta y en la forma en la que el
gobierno de turno apoya y le brinda la mano a todos aquellos que han sido
vulnerados en sus derechos humanos, desprotegidos, violentados y maltratados a
lo largo de estos años de conflicto.
Este
articulado cuenta con un gran número de disposiciones que se mantienen entre la
línea de lo administrativo, lo económico y (como gran aspecto y nuevo en cuanto
a estos temas) lo social, que ha sido ficha clave para la apropiación de la ley
en la población civil y por sobre todo en los afectados. Pero así mismo, ha sido punto de tiro de
muchas críticas en cuanto a la selección específica que hace para escoger los
beneficiados de la ley, las personas que pueden aplicar a ella, así mismo la
pertinencia que tiene la sostenibilidad fiscal a la hora de tasar las
indemnizaciones a nivel administrativo.
La
veracidad y sobre todo la importancia que tiene este estatuto se ha puesto en
entre dicho a razón de aquellos que dicen que esta no satisface a cabalidad las
necesidades y las expectativas de su grupo de aplicación. Este fragmento no
solamente intenta analizar tres de los principales debates que surgen alrededor
de lo que se plantea en la ley, sino que también intenta abordar y aclarar
conceptos y principios básicos e importantes para entender sobre qué cimientos
está fundada esta política de gobierno.